Por qué México llamó a este crimen "feminicidio" y no "femicidio"

En el primer trimestre de 2026 fueron asesinadas 148 mujeres en México bajo la figura de feminicidio. Nueve de ellas tenían menos de 12 años. Cinco, entre 13 y 17. La cifra viene del reporte oficial del SESNSP con corte al 31 de marzo, publicado hace apenas días.

La misma semana, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio: penas de 40 a 70 años de prisión, obligación de abrir toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, pérdida de patria potestad y herencia para el responsable. Es la legislación más ambiciosa en la historia del país sobre este tema.

Pero antes de hablar de los 70 años de cárcel, vale la pena mirar la palabra misma. Feminicidio. No "femicidio", no "asesinato de mujeres", no "homicidio agravado". Feminicidio. Esa elección de palabra no es un accidente lingüístico. Es una sentencia que México se dictó a sí mismo hace tres décadas, y que sigue cumpliendo.

Lo que dicen los datos

El 46.6% de los 148 casos del trimestre se concentran en seis estados: Sinaloa con 15, Chiapas con 13, CDMX y Estado de México con 11 cada uno, Sonora con 10 y Veracruz con 9. Si se suman los homicidios dolosos de mujeres (no clasificados como feminicidio pero con víctimas mujeres), Guanajuato y Estado de México concentran el 44.1% de las 19,530 lesiones dolosas registradas en el mismo periodo.

La tendencia de feminicidios formales viene a la baja desde su pico de 2021: 1,021 casos ese año, 853 en 2023, 725 en 2025. El gobierno cita esa caída como evidencia de progreso. Pero la baja en feminicidios clasificados como tales convive con dos hechos incómodos. Primero: en enero de 2026, Guanajuato encabezó la lista nacional de homicidios dolosos de mujeres con 16, pero solo uno fue investigado como feminicidio. Segundo: el Censo de Procuración de Justicia 2025 documenta que solo el 15% de los casos de feminicidio en fiscalías llegaron a judicializarse. De cada cien expedientes abiertos, ochenta y cinco no llegan ni a juicio.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad rastreó la última década: 7,246 feminicidios registrados, menos del 25% terminaron en sentencia condenatoria. La impunidad estructural ronda el 76%.

El origen de la palabra: una decisión política, no lingüística

Aquí entra el detalle que casi nadie menciona en la cobertura de feminicidios. El término en español fue acuñado deliberadamente, con intención política específica, por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde a mediados de los noventa.

La palabra base, femicide, la había desarrollado la activista sudafricana Diana Russell en 1976, en el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer en Bruselas. Russell la usó para describir el asesinato de mujeres motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad masculina. Era un término clínico, descriptivo: femi-cidio, análogo a homi-cidio. Lagarde, traduciendo a Russell al español en los años de Ciudad Juárez, hizo un cambio que parece menor pero no lo es. Optó por feminicidio, no femicidio.

¿Por qué? Porque femicidio, dijo, "solo significa homicidio de mujeres" — describe el sexo de la víctima sin acusar a nadie. Feminicidio, en cambio, agrega un componente: la responsabilidad del Estado. Para Lagarde, no es feminicidio cuando un hombre mata a una mujer en el aislamiento de su casa; es feminicidio cuando ese asesinato ocurre en una sociedad donde el Estado, por acción u omisión, permite que ocurra y deja al asesino impune. La impunidad no es la consecuencia del feminicidio. Es parte de su definición.

Mexico es uno de los pocos países del mundo donde la palabra misma con la que se nombra el crimen contiene una acusación al Estado que debería estar persiguiéndolo.

Otros países latinoamericanos con violencia comparable (Costa Rica, Chile, Honduras) eligieron femicidio. México eligió feminicidio. El idioma legal del país, antes que su Código Penal, ya había emitido un veredicto.

Dos lecturas, ambas con expertos serios detrás

La lectura estructural-institucional. Marcela Lagarde y la investigadora del CRIM-UNAM Sonia Frías Martínez sostienen que el feminicidio en México es un crimen de Estado por omisión. Frías documenta lo que llama "traición institucional": mujeres que reportan violencia previa, los ministerios públicos que las convencen de no denunciar, las fiscalías que les proponen "conciliar" con su agresor, los protocolos de género que existen en papel pero no en la práctica. El 35% de los asesinatos de mujeres en México cumplen las características de feminicidio pero son investigados como otra cosa. En esta lectura, la nueva ley con penas de 70 años no resuelve nada si no resuelve la captura del 76% de los casos que nunca llegan a una sentencia.

La lectura territorial-organizacional. La geografía dice algo distinto. Sinaloa, Chiapas, Sonora, Veracruz (los estados con más feminicidios) son también los estados con la presencia más densa de crimen organizado y militarización. La propia Frías Martínez señala que es necesario "repensar la catalogación de muchos de los asesinatos de mujeres que se producen en contextos de alta militarización y presencia de grupos criminales". En esta lectura, una parte significativa de los feminicidios son daño colateral de un colapso territorial más amplio: zonas donde el Estado no existe para nadie, y donde la víctima resulta ser mujer porque las víctimas son muchas. La política correcta no sería solo perspectiva de género, sino recuperación territorial.

Ambas lecturas son ciertas a la vez. Pero cada una implica una arquitectura institucional distinta para responder.

El dato que la conversación pública casi nunca incluye

México ocupa un lugar grave en la geografía global del feminicidio, pero no es el peor. Según el boletín 2025 del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, las tasas más altas de feminicidio por cada 100,000 mujeres en América Latina en 2024 fueron Honduras (4.3), Guatemala (1.9) y República Dominicana (1.5), seguidas de Puerto Rico, Cuba y Bolivia (1.4). México ronda 1.3-1.5. Está en la mitad alta de la región, no en la cima.

Esto importa por dos razones. Primera: la frase repetida de "México es el país con más feminicidios del mundo" es estadísticamente incorrecta y debilita el argumento real. Segunda, y más importante: si la cultura machista por sí sola explicara los feminicidios, Honduras, Guatemala y México tendrían tasas similares; comparten herencia colonial, lengua, religión dominante y muchos rasgos culturales. Pero las tasas difieren por un factor de tres. Algo más, además del machismo, está modulando esas diferencias. Probablemente: capacidad institucional, control territorial del Estado, profundidad de la impunidad. Es decir: exactamente lo que la palabra feminicidio ya señalaba en 1994.

Lo que un Pulse puede revelar y los datos no

Las estadísticas pueden contar muertas. No pueden contar causas. Cuando se pregunta por qué tantas mujeres son asesinadas en México, hay al menos cinco respuestas serias en circulación (machismo cultural, impunidad institucional, crimen organizado, desigualdad económica, ciclos educativos), y la diferencia entre ellas no es de hechos sino de prioridad causal. ¿Cuál es la causa principal? ¿Cuál es la que, si se atendiera, movería más la aguja?

Esa es exactamente la pregunta que una opinión ponderada por confianza puede medir mejor que una encuesta tradicional. No queremos saber solo qué cree la gente; queremos saber qué tan convencida está. Una distribución amplia con baja confianza significa una sociedad que no tiene un diagnóstico consensuado. Una distribución concentrada con alta confianza significa que la conversación pública ha llegado a un veredicto colectivo, aunque sea uno con el que se pueda discrepar. Cualquiera de los dos resultados es información que una política pública tendría que tomar en cuenta.

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La pregunta abierta

La nueva ley es un paso real. Pero el problema que la palabra feminicidio nombra no se resuelve con penas más largas si las fiscalías siguen archivando 7 de cada 10 casos. La sentencia más incómoda de la palabra no se dirige al asesino. Se dirige a quien debía evitar el asesinato, investigarlo cuando ocurriera, y procesarlo cuando hubiera evidencia. Esa es una sentencia que ningún Código Penal puede cumplir por sí mismo.

¿Cuál de los cinco factores crees que más explica la cifra? Tu respuesta, y qué tan seguro estás de ella, es lo que el Pulse intenta capturar. crowdconscious.app